El pasado 3 de abril hizo entrada en el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012, los primeros presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy. Ya han comenzado a correr los plazos: Los secretarios de estado comparecerán en Comisión para explicar sus proyectos y aclarar dudas del 16 al 19 de abril. Presentaremos enmienda a la totalidad el 20 de abril. El debate de totalidad en Pleno será del 24 al 26 de abril. Presentaremos las enmiendas parciales el 27 de abril. La Ponencia votará las enmiendas la primera semana de mayo. El debate pasará a Comisión antes del 11 de mayo. Y el Pleno definitivo para su aprobación será del 21 al 24 de mayo. (De ahí pasará al Senado y en un mes más los Presupuestos estarán aprobados y en vigor).
Abrimos por tanto el proceso de participación para la presentación de enmiendas en nombre de la coalición La Izquierda de Aragón. Podéis proponer enmiendas de ámbito territorial o de carácter sectorial. Para realizar aportaciones y poderlas gestionar de la mejor forma posible y con un mínimo de garantías, hemos establecido un plazo que termina el viernes 20 de abril. Debéis enviar las propuestas de enmiendas a la siguiente dirección: laizquierdadearagon@gmail.com.
Lo ajustado de los plazos nos imposibilita realizar una asamblea antes del día 20, de forma que al finalizar el proceso, daremos cuenta del trabajo realizado y de las enmiendas presentadas en una Asamblea ciudadana que esperamos sea a finales de abril, en torno al viernes 27 de abril, y que concretaremos en cuanto a lugar y hora cuando se confirme la disponibilidad de espacio.
En esta página podéis encontrar los enlaces y documentos para poder estudiar de la mejor forma posible los presupuestos, igualmente y como siempre quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración o propuesta que queráis hacernos.
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Un vez más el ministro de Economía Luis de Guindos ha anunciado las próximas medidas del Gobierno español ante la prensa extranjera en primicia. Es consciente de que es el hombre de Lehman Brothers en Europa, el agente de los mercados internacionales en el equipo de Rajoy, y ejerce de ello sin vergüenza alguna. Sorprende tan escaso patriotismo en la derecha española, hiperpatriotizada por lo general. Anunciar este tipo de medidas a través de un periódico alemán es la prueba palpable de la sumisión del gobierno de Rajoy a las órdenes de los mercados internacionales y, por supuesto, una falta de respeto al Congreso de los Diputados y, por tanto, a toda la ciudadanía del Estado español. Una evidencia más de que nos encontramos ante un gobierno que sirve a los intereses de los mercados en lugar de atender a las necesidades de la sociedad a la que se supone que debería proteger y representar.
En esta ocasión Mr. De Guindos ha cruzado la raya, apuntando sus cañones contra la sanidad y la educación, a las que amenaza con ser objeto de “las próximas reformas”. Resulta inadmisible que los servicios públicos básicos entren dentro del paquete de medidas para superar la crisis económica cuando se trata de cuestiones intocables
si se quiere garantizar la cohesión social. Se trata de un nuevo ejemplo de cómo, con la excusa de la crisis, el PP intenta desmantelar lo que queda del estado de bienestar.
En nuestra opinión, no se puede salir de la crisis sin cohesión social y eso es precisamente lo que se logra con unos servicios públicos de calidad. La educación y la sanidad son derechos básicos que no pueden incluirse en un paquete de medidas que persiga sinceramente salir de la crisis. Sanidad y educuación deberían ser intocables.
De Guindos tiene que comparecer de forma inmediata en el Congreso de los Diputados para dar una explicación acerca de sus polémicas declaraciones e intentar aclarar qué se oculta tras esa apelación a la reforma de la sanidad y la educación, que no podemos olvidar que son servicios públicos fundamentales.
]]>Nuestro principal objetivo es que la huelga general sea un éxito”, ha manifestado el diputado en el Congreso por la Izquierda de Aragón, Chesús Yuste (CHA), quien ha reafirmado el compromiso de la coalición de “ser el dique de contención de las políticas neoliberales aplicadas por el Gobierno de Rajoy”. “Dijimos que lo haríamos en el Parlamento y en la calle y lo estamos haciendo”, ha manifestado.
En relación con la huelga convocada contra la reforma laboral, el diputado ha reiterado que “lo importante es que sea un éxito y todos los recursos de la coalición están destinados a ello”. Por este motivo, el grupo parlamentario la Izquierda Plural, va a secundar la huelga y ya ha solicitado a la Mesa del Congreso que no haya programa parlamentario durante este día. “Sin embargo, ha denunciado Yuste, la respuesta ha sido “no” y, además de no parar la programación parlamentaria, durante ese día se tramita la convalidación de cinco reales decretos y se debatirá la Ley de estabilidad presupuestaria”.
“Los y las diputadas de La Izquierda Plural secundarán el paro y en el caso de que no se pueda descontar la parte correspondiente de nuestras retribuciones, donaremos las cantidades a una ONG”, ha aseverado Yuste
También Álvaro Sanz, portavoz de la Presidencia de Izquierda Unida de Aragón y el candidato número 2 al Congreso por IU en las pasadas elecciones, ha incidido en la importancia de “unir esfuerzos para impulsar y ayudar a que la huelga sea un éxito”. Sanz ha hecho un llamamiento a las y los ciudadanos “a superar el miedo y a combatir la resignación secundando la huelga y saliendo a la calle a rechazar una reforma “antisocial” y para decir “que todos estamos en el mismo lado y no lo van a conseguir”.
A su entender, “esta reforma laboral va más allá de las anteriores y por eso es necesaria una participación contundente que dará paso a una propuesta cívica y una movilización sostenida en el tiempo para que al final el Gobierno de Rajoy tenga que reblar y vea que está gobernando contra su país”.
Por su parte, Maribel Martínez, miembro de Iniciativa Social, ha apelado a la solidaridad como motivo principal para secundar el paro. “Solidaridad con todos aquellos que no pueden defenderse porque se han quedado sin trabajo, sin casa, sin nada a lo que agarrarse y para defender a los 5 millones de parados y paradas, para defender a las mujeres que con la reforma laboral ven que la Ley de Igualdad va a quedarse en nada y a los jóvenes que les hemos enseñado el paraíso y ahora no les dejamos entrar”. Martínez ha hecho un llamamiento a la participación en la huelga general, “que es el primer paso, porque esto va a ser una lucha sostenida”.
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El Diputado de La Izquierda de Aragón considera que es necesario aprobar ya un Decreto para apoyar a los sectores gravemente afectados por la sequía en Aragón
“Que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, diga que espera a ver si llueve en marzo para decretar ayudas para los afectados por la sequía en Aragón es un sarcasmo, una broma de mal gusto para un sector agrario que lo está pasando mal. Esperar no tiene sentido cuando la gravedad de las cifras es tan contundente.
Recordamos que según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el pasado trimestre diciembre-febrero se ha convertido en el trimestre invernal más seco en todo el Estado desde la década de 1940.
El balance provisional por provincias en Aragón es de carácter “seco” en Teruel (22,4 l/m2 frente a una media de 50,1 l/m2 entre 1971 y 2000); de carácter “muy seco” en la provincia de Zaragoza (17,4 l/m2 frente a una media de 66,1 l/m2 entre 1971 y 2000) y de carácter “extremadamente seco” en el Altoaragón (8 l/m2 frente a una media de 123,3 l/m2 en el mismo periodo)”
“Cañete deja en evidencia a su compañero de partido y de responsabilidad política, Modesto Lobón, frustra las expectativas generadas en Aragón ante la posibilidad de percibir estas ayudas públicas demostrando un enorme desconocimiento, mucho más que preocupante, de la situación real que está padeciendo el sector en nuestro territorio”, afirma el diputado Yuste.
De este modo Yuste anuncia que presentará iniciativas parlamentarias para “presionar” al Gobierno y conseguir que se “rinda” ante la evidencia de la necesidad de aprobar,sin más demora, este Decreto de ayudas públicas para todas las zonas afectadas por la sequía.
]]>El diputado de la izquierda de Aragón, Chesús Yuste, firma junto a los demás miembros del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural una carta en la que invita al resto de portavoces de los diferentes partidos a presentar conjuntamente un mismo recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto de Reforma Laboral .
El Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA se ha dirigido por carta a los portavoces del resto de grupos parlamentarios, salvo al del PP, invitándoles a analizar “la oportunidad de que los distintos Grupos Parlamentarios presentemos conjuntamente un mismo recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 3/2012” de reforma laboral.
La carta va firmada formalmente por el conjunto de los portavoces del grupo –José Luis Centella, Joan Coscubiela, Joan Josep Nuet y Chesús Yuste- y en ella se explicita que “sin perjuicio de que en su momento se pueda presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el texto de la Ley que después del trámite parlamentario se apruebe” desde IU, ICV-EUIA, CHA se “considera oportuna la necesidad” de presentarlo ya sobre el texto del Real Decreto-Ley inmediatamente después de su convalidación, asunto que se debatirá y votará en el Pleno del Congreso del próximo día 8 de marzo.
La dirección del Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA recuerda en su misiva que “en diferentes momentos y por parte de diversos portavoces de grupos parlamentarios se ha hecho constar públicamente la existencia de serias dudas sobre la constitucionalidad del Real Decreto-Ley, tanto en lo que hace referencia al uso indebido de la figura del Decreto-Ley prevista en el artículo 86 de la Constitución , como en relación a algunos de sus contenidos”.
“O dicho de otra manera –detallan- al uso abusivo de los presupuestos habilitantes en la utilización de la figura del Real Decreto-Ley, tanto en referencia a las razones de extraordinaria y urgente necesidad, como a la extralimitación de las materias que pueden ser reguladas por Real Decreto-Ley”.
Especifican también otra serie de puntos de la reforma laboral que pueden ir en contra del texto constitucional “sin ánimo de exhaustividad y a expensas de un análisis técnico más profundo”. Enumeran, entre ellos, el “establecimiento de un período de prueba de 1 año para los nuevos contratos llamados indefinidos para empresas de hasta 50 trabajadores; la aplicación retroactiva de algunas materias, entre ellas las que hacen referencia a la cuantía y limites de las indemnizaciones en supuestos de despidos; la afectación del derecho a la libertad sindical en su vertiente de negociación colectiva; la desaparición de la obligatoriedad de los convenios en algunos supuestos”.
También se apunta al “establecimiento del laudo obligatorio en la solución de conflictos provocados por decisiones empresariales de inaplicación del régimen de los Convenios Colectivos, o el Régimen Competencial de las Comunidades Autónomas en materias de ejecución de la normativa laboral que les son propias (entre ellas la desaparición de la autorización administrativa previa del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores en los Expedientes de Regulación de Empleo)”.
A CONTINUACIÓN SE ADJUNTA EL TEXTO BASE DE UNA DE LAS CARTAS QUE EL GRUPO DE IU, ICV-EUiA, CHA HA ENVIADO A LOS PORTAVOCES DE LOS OTROS GRUPOS PARLAMENTARIOS ,
En la Junta de Portavoces del día de hoy se ha acordado que el próximo 8 de marzo, el Pleno del Congreso va a debatir la convalidación del Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (Reforma Laboral).
En diferentes momentos y por parte de diversos portavoces de grupos parlamentarios se ha hecho constar públicamente la existencia de serias dudas sobre la constitucionalidad del Real Decreto-Ley, tanto en lo que hace referencia al uso indebido de la figura del Decreto-Ley prevista en el artículo 86 de la Constitución Española, como en relación a algunos de sus contenidos. O dicho de otra manera al uso abusivo de los presupuestos habilitantes en la utilización de la figura del Real Decreto-Ley, tanto en referencia a las razones de extraordinaria y urgente necesidad, como a la extralimitación de las materias que pueden ser reguladas por Real Decreto-Ley.
Sin ánimo de exhaustividad y a expensas de un análisis técnico más profundo, también aparecen en el Real Decreto Ley 3/2012 regulaciones que claramente parecen contrarias a la CE; en especial, las que hacen referencia al establecimiento de un período de prueba de 1 año para los nuevos contratos llamados indefinidos para empresas de hasta 50 trabajadores; la aplicación retroactiva de algunas materias, entre ellas las que hacen referencia a la cuantía y limites de las indemnizaciones en supuestos de despidos; la afectación del derecho a la libertad sindical en su vertiente de negociación colectiva; la desaparición de la obligatoriedad de los convenios en algunos supuestos. O, del mismo modo, el establecimiento del laudo obligatorio en la solución de conflictos provocados por decisiones empresariales de inaplicación del régimen de los Convenios Colectivos, o el Régimen Competencial de las Comunidades Autónomas en materias de ejecución de la normativa laboral que les son propias (entre ellas la desaparición de la autorización administrativa previa del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores en los Expedientes de Regulación de Empleo).
Sin perjuicio de que en su momento se pueda presentar un Recurso de Inconstitucionalidad contra el texto de la Ley que después del trámite parlamentario se apruebe, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUIA, CHA: La Izquierda Plural considera oportuna la necesidad de presentar un Recurso de Inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 3/2012, una vez este haya sido convalidado por el Congreso de Diputados.
Es por ello que nos ponemos en contacto con su Grupo Parlamentario para que analicemos la oportunidad de que los distintos Grupos Parlamentarios presentemos conjuntamente un mismo Recurso de Inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 3/2012.
A la espera de su respuesta, le saludan
Jose Luis Centella Gómez
Joan Coscubiela Conesa
Chesús Yuste Cabello
Joan Josep Nuet i Pujals
]]>Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual para su debate en la Comisión de Cultura.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos años los avances de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han democratizado y amplificado el acceso a la información y a la cultura. Esa revolución digital ha provocado que el modelo de industria clásico en los mundos editorial, audiovisual y musical entre en una crisis irreversible por su obsolescencia, al facilitarse el contacto directo entre el creador y el consumidor de su obra sin necesidad de una red de distribución.
Por ello, hace falta una fórmula que permita conciliar los legítimos derechos de los creadores y el igualmente legítimo derecho de la ciudadanía a acceder a la cultura, y todo ello sin perjudicar el interés general de desarrollar plenamente la sociedad de la información. Precisamente en esta sociedad del conocimiento existen ya alternativas tecnológicas que garantizan la protección de los derechos de autor y que deberían contribuir a resolver el problema generado en torno a la compensación por copia privada.
Se ha demostrado que un canon indiscriminado, y además gestionado por entidades privadas orientadas a obtener el máximo beneficio y sin la necesaria transparencia, no ha sido la fórmula más adecuada para resolver la cuestión. En la disposición adicional décima del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, se concreta la supresión de la actual compensación equitativa por copia privada, prevista en la Ley de Propiedad Intelectual, conocida popularmente como canon digital y declarada ilegal por el TJUE en octubre de 2010 con la sentencia del caso Padawan (cuestión prejudicial con Asunto C-467/08). Asimismo se prevé un procedimiento de pago con cargo a los Presupuestos, a costa de reducir las subvenciones destinadas a industrias culturales, con una cuantía y condiciones aún por determinar.
Esta nueva configuración legal podría no adaptarse plenamente a la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, ya que se seguiría compensando inadecuadamente las copias privadas, alejándose de la finalidad perseguida con el art. 5.2.b) de dicha directiva.
Además genera dudas sobre qué tipo de copias quedarán afectadas por la compensación, cuál será la cuantía y cuál será el modelo de gestión. Después de los escándalos de la SGAE en el que se mostró el desvío de cantidades ingentes de fondos para el lucro personal de una cantidad reducida de autores, se evidenció la necesidad de cambiar hacia un modelo en el que los derechos de autor tengan un reparto público, democrático, equitativo y transparente.
Por tanto, resulta imprescindible abordar sin más demora una profunda reforma del modelo vigente de propiedad intelectual, que elimine el actual oligopolio de facto, que ha derivado en problemas de opacidad e incluso en presuntos delitos que se encuentran en estos momentos bajo investigación judicial. A nuestro juicio, la alternativa pasa por la gestión pública de los derechos de autor, el reconocimiento de las alternativas al “copyright” tradicional y la búsqueda, mediante el diálogo entre todas las partes implicadas, de una fórmula que permita, de forma definitiva, atender la compensación equitativa por copia privada.
Por todo ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, en el plazo de seis meses, un proyecto de ley de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, elaborado con la participación de todas las partes implicadas —creadores, consumidores, industrias culturales…— que incluya las siguientes premisas:
a) La creación de una o varias entidades públicas de gestión de los derechos de autor, que actúen con la máxima transparencia y sometidas al control y fiscalización por parte de los autores y autoras, creadores y asociaciones culturales de todos los ámbitos de la cultura.
b) El acuerdo entre las partes en torno a una regulación que, respetando plenamente la sentencia del TJUE y la Directiva 2001/29/CE, permita de forma definitiva atender la compensación equitativa por copia privada, no a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, sino explorando otras fórmulas.
c) El destino de una parte de los citados ingresos a la promoción de la cultura y el fomento de proyectos emergentes, garantizando el retorno de estas inversiones a toda la sociedad.
d) El reconocimiento de las alternativas al “copyright” tradicional, como las licencias Creative Commons, dejando en manos del autor sobre qué derechos quiere licenciar su obra o si renuncia a los mismos, asegurando que no se pague compensación alguna por la copia de obras que se encuentran en el dominio público, sujetas a licencias libres que autorizan la copia o realizadas con la autorización de los titulares de derechos en el ejercicio de su derecho exclusivo de reproducción.
]]>Compensar con celeridad y largueza a quien sacrifica una parte de su patrimonio para otros es de justicia
Con fecha 22 de julio de 2004, la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente autorizó la incoación y tramitación del expediente de Información Pública del Proyecto 05/04 de Restitución territorial por las Obras del Embalse de Montearagón y de la Relación de Bienes y Derechos afectados por las Obras, con un presupuesto de ejecución de prácticamente 30.000.000 € que afectaba a lmunicipios de Uesca (Apiés y Fornillos) y de Loporzano (San Julián de Banzo, Barluenga y Chibluco). El Plan de Restitución por las obras del embalse de Montearagón contempla 13 proyectos con obras de abastecimiento, caminos, carreteras, patrimonio, alumbrado, servicios locales, depuración, reforestación, etc…
Hasta el momento, la CHE ha licitado obras aproximadamente por el 1% de lo presupuestado y desconocemos la voluntad real de llevar a cabo la totalidad de lo comprometido. Ya en febrero de 2007, desde el Congreso de los Diputados, se nos dijo que “las actuaciones del Plan de Restitución del Pantano de Montearagón cuentan pues con la preceptiva aprobación técnica y su puesta en marcha está condicionada a la asignación de la dotación económica, sobre la cual se está trabajando en la actualidad”, queremos tener información sobre los planes del Ministerio de Medio Ambiente al respecto, así como el grado de implicación que el Gobierno de Aragón puede tener con él. Por eso, a través de Chesús Yuste, diputado por la Izquierda de Aragón, hemos preguntado en el Congreso de los Diputados por el estado de ejecución del Plan de Restitución Territorial por las obras del pantano de Montearagón así como en qué periodo de tiempo y con qué orden de prioridad se van a ejecutar el resto de actuaciones pendientes. Igualmente preguntaremos al Gobierno de Aragón si tiene intención de implicarse con el fin de conseguir que, con la mayor celeridad posible, se lleven a cabo las actuaciones previstas.
Es de justicia que los municipios de San Julián, Barluenga, Chibluco, Apiés y Fornillos, pertenecientes a Uesca y Loporzano, reciban la compensación que corresponde al sacrificio de una parte de su término municipal. Todo embalse supone la destrucción de una parte de territorio que ha dado vida a pueblos y hubiera sido deseable que las actuaciones proyectadas hubieran ido en paralelo a la construcción de la presa, ya que la destrucción de patrimonio municipal debe ser compensada lo antes posible.
]]>Este miércoles la Comisión de Industria del Congreso ha debatido y votado la Proposición no de ley del diputado de la Izquierda de Aragón, que reclamaba al Gobierno el cierre inmediato de Garoña
El orden del día de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, que se ha celebrado este miércoles día 22 de febrero, ha incluido como punto número 4 de los siete puntos del orden del día, la proposición no de ley presentada por Chesús Yuste como portavoz del Grupo Parlamentario La Izquierda Plural en la citada comisión, en la que se reclamaba el cierre de la central nuclear de Garoña.
El resultado de la votación ha sido 24 votos en contra, 20 a favor y ninguna abstención: PP, CIU y UPyD han votado en contra mientras que CHA,PSOE,ICV,IU,BNG y PNV han votado a favor.
Adjuntamos transcripción integra del debate:
-SOBRE EL CIERRE DE LA CENTRAL NUCLEAR DE SANTA MARÍA DE GAROÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000075).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Proposición no de ley sobre el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, de la que es autor el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural. Para su defensa tiene la palabra don Chesús Yuste.
El señor YUSTE CABELLO: Una de las primeras iniciativas de este Gobierno ha sido precisamente prorrogar la actividad de la central nuclear de Santa María de Garoña, una decisión que, a nuestro juicio, choca con el signo de los tiempos. Pero, claro, esa es la tónica general de este Gobierno, ir marcha atrás; en lugar de ponerse a la cabeza de la imprescindible revolución tecnológica, este Gobierno ha decidido paralizar el desarrollo de las energías renovables y prolongar la vida de una central nuclear obsoleta, de cuarenta años que, recordémoslo, era la vida útil prevista cuando se construyó; una central, Santa María de Garoña, que es la más antigua de España.
Repasemos brevemente su historia. Inaugurada en 1971 siendo jefe del Estado el general Franco, en julio de 2009 expiraba su permiso de explotación y por eso la compañía propietaria de la central, Nuclenor, constituida a partes iguales por Endesa e Iberdrola, solicitó al Gobierno anterior la extensión de su vida útil diez años más, hasta 2019. Se perdió entonces la oportunidad de cerrar esa instalación, porque el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, aprobó la prórroga de la explotación durante cuatro años, hasta el 6 de julio de 2013. Ahora, el nuevo Gobierno del Partido Popular quiere revocar esa orden ministerial para prolongar su actividad hasta 2019, como pedían inicialmente las empresas propietarias, y eso supone que Garoña alcance la vida útil de cuarenta y ocho años.
Señoras y señores diputados, ¿tiene sentido que mantengamos en funcionamiento una central nuclear que ya ha cumplido los cuarenta años, que se corresponde a una tecnología y a una instalación obsoletas, con los riesgos para la seguridad que ello conlleva, a pesar de la escasísima aportación de la central nuclear de Santa María de Garoña al mix de la producción energética en el Estado español? ¿Tiene sentido? Nosotros creemos que no. ¿Por qué se ha tomado esa decisión entonces? Desde luego, no parece que sea por el interés general. La producción de Garoña -lo decíamos antes- es muy pequeña, es irrelevante desde el punto de vista del total energético español. ¿Eso puede justificar la prórroga de su vida útil? ¿Pero no quedábamos en que sobra producción energética de las energías renovables, como decía el ministro de Industria, Energía y Turismo hace unas semanas, precisamente cuando intentaba justificar el parón de las energías renovables durante la convalidación del penúltimo decretazo?
Si era verdad ese argumento entonces, ¿por qué no se aplica también para el caso de Garoña? Pues porque no es verdad, porque el PP, al menos en este caso, defiende claramente la ley del embudo. A las fuentes energéticas del futuro les damos el portazo, a las energías limpias y renovables, la paralización, pero para la energía nuclear alfombra roja, para Endesa y para Iberdrola, que son las propietarias de la central nuclear de Garoña, tenemos luz verde, lo que ustedes quieran, sí señor, faltaría más, ¿hasta el 2019?, pues hasta el 2019. Para que quede claro, sin pestañear, quien manda en este país; eso es lo que ha hecho este Gobierno.
EL interés general es que se cierre de forma inmediata la central nuclear más antigua de España, con más de 40 años, una central obsoleta, cuyo diseño es igual que el reactor más antiguo de los accidentados en Fukushima; una central que, según reconoció el mismísimo Consejo de Seguridad Nuclear, sufría un proceso de agrietamiento múltiple por corrosión en la vasija del reactor, que es el corazón de la central, donde se alberga el combustible de uranio. No pretendo con esta referencia hacer alarmismo, pero, sinceramente, no creo que con arreglos, con políticas de parche, podamos mantener en funcionamiento una central que en estos momentos es perfectamente prescindible; esa es la clave, que en estos momentos es perfectamente prescindible. Por lo tanto, el único interés para la prórroga de su vida útil es el interés económico de las grandes compañías eléctricas, no desde luego el interés general.
En estos últimos años se han venido acumulando incidencias, todas ellas calificadas de nivel cero, sin consecuencias -menos mal-, pero han venido acumulándose esas incidencias, esos problemas, fruto sin duda de la obsolescencia, con los riesgos que conlleva para la seguridad de esta central. Una obsolescencia que ha sembrado la incertidumbre desde hace décadas en las poblaciones del entorno; desde luego, en las provincias de Brugos, en los territorios históricos de Álava y Bizkaia, y también obviamente en las comunidades bañadas por el río Ebro aguas abajo, desde La Rioja hasta Navarra, Aragón, etcétera. Por eso, desde este grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Chunta Aragonesista: La Izquierda Plural, proponemos que el Gobierno acometa el cierre inmediato de la central nuclear de Santa María de Garoña por razones de seguridad, al tratarse de una instalación obsoleta que ya ha superado su vida útil. Para ello pido el voto favorable a todos los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una sola enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa tiene la palabra don Luis Tudanca.
El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: La central nuclear de Santa María de Garoña se ha colocado en el centro del debate energético durante los últimos años, como bien saben sus señorías, y en cuanto a la proposición no de ley que hoy nos ocupa, es cierto que el Grupo Socialista comparte el objetivo de la misma, aunque tenemos alguna duda más sobre la motivación, porque aunque el grupo proponente lo ha introducido ahora en su discurso, en el texto de la proposición fundamentaba la petición de cierre de la central únicamente en la seguridad, y desde nuestro punto de vista es evidente que la energía nuclear comporta graves riesgos, como se ha demostrado tras el accidente de Fukushima -una central, por cierto, gemela de Garoña-, y además esta es la central más antigua de España, que con la licencia en vigor ya alcanzaría los 42 años de funcionamiento, superando efectivamente la vida útil para la que fue diseñada.
En todo caso, no podemos poner en duda todo el entramado de seguridad de nuestras centrales, y en nuestro país el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el organismo encargado de supervisar la seguridad, trabaja desde nuestro punto de vista con profesionalidad e independencia. Además, por otra parte, es el encargado de recomendar las medidas adicionales que corresponde tomar, por ejemplo, tras las pruebas a las que se han sometido estas instalaciones en toda Europa después del accidente de Japón.
El problema es que no existe la seguridad absoluta. La Agencia de Seguridad Nuclear de Japón, por ejemplo, se ha disculpado hace apenas dos días, tras reconocer que las medidas de seguridad previstas en las centrales de ese país en caso de desastre natural eran insuficientes. El problema es que estamos hablando de un riesgo potencial y de consecuencias inasumibles en caso de accidente. Precisamente por eso, las centrales nucleares no son una industria cualquiera, no son como una fábrica de coches, motivo por el que además de un informe técnico sobre la seguridad, hace falta una autorización del Gobierno sobre su funcionamiento o prórroga.
Por eso, se nos queda escasa la motivación de esta proposición, porque no se trata solo de una cuestión de seguridad, aunque es verdad que parece precipitado apostar por más prórrogas a una central obsoleta antes de que finalice el examen de esas pruebas de resistencia hechas al parque nuclear europeo. Se trata sobre todo de una opción política, de una estrategia de política energética; una estrategia de política energética que definió muy bien el anterior Gobierno socialista, que apostó por las energías renovables y por el abandono progresivo de la energía nuclear, como están haciendo la mayoría de los gobiernos de nuestro entorno.
El actual Gobierno ha optado por otra cosa, ha optado por pedir una nueva prórroga para una central nuclear y, al mismo tiempo, acabar con el desarrollo de las energías renovables en nuestro país; ha optado por potenciar una energía que comporta graves riesgos y que genera peligrosos residuos y acabar con las energías sostenibles, algo en lo que nuestro país se había convertido por fin en una potencia mundial. Señorías, pero es que además hay una serie de falsos mitos sobre la energía nuclear que convendría desmontar. No es cierto que sea una energía barata, de hecho requiere una inversión inicial a la que ninguna empresa se lanza sin el apoyo decidido de las instituciones. Además, nunca se considera entre sus costes las grandes inversiones en seguridad que se deben realizar en las zonas de afección, o el coste de tratamiento y almacenaje de los residuos, y desde luego no significa tampoco desarrollo económico.
De hecho, la central de Santa María de Garoña ha provocado que la comarca burgalesa donde está situada haya perdido más del 42 por ciento de su población desde que se inauguró la central nuclear. Por tanto, no significa desarrollo económico. Ayer mismo, el presidente de la Diputación Provincial de Burgos, del Partido Popular, reconocía por fin que son necesarias inversiones en la comarca para paliar la depresión en la que se veía sometida desde la inauguración de la central. En todo caso, estamos hablando de mantener el empleo en la central seis años más, hasta el 2019, mientras que se está descalificando un plan alternativo que sí que puede servir para crear un tejido productivo sostenible en la zona. Me gustaría recordar que quienes hoy probable o previsiblemente votarán en contra de esta proposición, el Grupo Popular, sustentan un Gobierno que tiene paralizada la tercera convocatoria del Plan Reindus, que servirá precisamente para crear puestos de trabajo sostenibles en la comarca.
Por todo el ello, el Grupo Parlamentario Socialista no puede defender la continuidad de Garoña más allá de 2013, por los riesgos potenciales de seguridad, por ser una energía insostenible, por ser una tecnología cara y porque desde luego es más conveniente para nuestro país seguir apostando por el desarrollo de las energías renovables. Desde luego, no se puede atender a la demagogia de justificar con la crisis la teórica salvación de unos centenares de empleos mientras que con el Real Decreto-ley de la moratoria a las renovables se condena a la desaparición de miles de empleos también en la provincia de Burgos en este sector de las renovables.
Adelantándome a unas críticas que este grupo ha recibido por parte del Partido Popular durante los últimos años, se volverá a decir que estas posiciones son un capricho ideológico; en fin, supongo que en este caso la postura socialista será igual de caprichosa y llena de prejuicios ideológicos, como la que ha mantenido la señora Merkel, que ha cerrado varias centrales nucleares en su país, sin que, por cierto, haya habido problemas de suministro eléctrico. Si no les gusta este ejemplo seguramente me sumo a los prejuicios ideológicos contra la energía nuclear que han manifestado el señor Oyarzábal, secretario general del Partido Popular del País Vasco, y el alcalde del Partido Popular en Vitoria, el señor Maroto, que han criticado estos días la decisión del ministro de Industria de prorrogar la concesión de Garoña.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Tudanca.
El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: En fin, supongo que detrás de esta contradicción estará también la herencia socialista.
En cualquier caso, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de adición prácticamente al grupo proponente en la que se introduce…
El señor PRESIDENTE: Tiene que concluir, señor Tudanca.
El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Sí, termino en un segundo, señor presidente.
Como decía, con esta enmienda introducimos precisamente esta apuesta por volver a la estrategia de fomento de las energías renovables, que confío que el grupo proponente acepte.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, para fijar la posición del Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Ariztegui.
La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Desde luego, apoyamos esta PNL y exigimos el cierre inmediato de Garoña ya, porque entendemos que debería estarlo desde hace mucho tiempo. Lo hacemos por tres razones fundamentales, algunas de las cuales ya se han dicho aquí: la primera sería por seguridad, la segunda porque ya es hora de desterrar el modelo nuclear y, la tercera, por el amplio consenso social que hay en contra de este modelo. Las técnicas, ya se han dicho aquí. Pero se trata la central de las mil y una grietas. El deterioro es generalizado y progresivo, que está empeorando con el tiempo. Su vida útil está más que agotada ya hace muchísimo tiempo. El diseño, los materiales y el proceso de fabricación han sido inadecuados y desde luego están totalmente obsoletos y fuera de normativa, porque no cumplen las normas internacionales. Es la única de primera generación, tras el cierre de Vandellòs y Zorita.
Los agrietamientos son imparables y desde luego no se han solucionado hasta ahora. Vamos, que la situación es lamentable y este dictamen del CSN nos parece vergonzoso. Además, hay que recordar que está a 45 kilómetros de Vitoria y a 80 kilómetros de Bilbao en línea recta, los principales núcleos de población, las ciudades vascas más habitadas.
En cuanto a la segunda razón, el modelo energético, debemos apostar por modelos de sostenibilidad social, económica y medioambiental. Tiene que haber ya un necesario debate sobre cambio de modelo energético y desarrollo y, desde luego, estamos viendo que la dirección es totalmente contraria a la que se debe de ir. Debemos apostar por energías seguras, limpias y menos costosas y dar prioridad a garantías de sostenibilidad y seguridad.
Entendemos que esta central está totalmente amortizada y no aporta nada a la capacidad energética hoy en día, como ya se ha dicho aquí, es escasísima la contribución energética de Garoña. También debemos recordar que tenemos una superproducción, tenemos potencia eléctrica instalada de sobra. Asimismo, hay que mencionar que la nuclear no es barata, como ya se ha dicho aquí por los compañeros. Hay que tener en cuenta todos los costes reales, que ahora mismo no se tienen en cuenta, así como la dependencia que tenemos como importadores netos de combustible que somos. Hay que tener en cuenta todos los costes tanto de producción, transporte, distribución, subvenciones y, por supuesto, desmantelamiento, gestión de residuos, etcétera, que nunca se tienen en cuenta sobre este modelo energético y, desde luego, que la salud no tiene precio.
Y la tercera razón que nos impulsa a apoyar desde luego esta PNL es el amplio consenso social que hay a favor del cierre, que no es actual, que viene de hace tiempo, el sentir mayoritario de la sociedad vasca. Desde luego, todas las instituciones, el Parlamento de Gasteiz, ayuntamientos, diputaciones y representantes de otro tipo de instituciones, como ya se ha dicho aquí, el alcalde de Gasteiz, del PP, el señor Oyarzábal, se han manifestado en contra de esta central y por el cierre ya. En este sentido, entendemos que este informe y la posible apertura es en todos los sentidos un retroceso y que también abre puertas a otras centrales europeas, que pueden estar esperando que se mantenga esta apuesta por lo nuclear, y nos parece muy peligroso. Hay que tener en cuenta la postura de Alemania, que ya se ha comentado también aquí, que ha hecho una apuesta seria por el cierre de las centrales nucleares. Si hacemos caso a Alemania en otros temas, por qué no en éste. Desde luego, nos hemos olvidado fácil y rápidamente de Fukushima. Está claro que debemos apostar por la ciudadanía, por las personas y no por las grandes empresas, que al final es el trasfondo de esta apuesta. Por lo tanto, Garoña es un yogur que está caducado hace muchísimo tiempo, y la pregunta es: ¿se hacen ustedes responsables de lo que pueda ocurrir?
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra don Pedro Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, seré breve.
Nuestro grupo se ha manifestado reiteradas veces y en múltiples lugares con relación al cierre de Garoña. Hemos defendido siempre el cierre de esta central nuclear. Por lo tanto, no voy a argumentar excesivamente al respecto. Hemos defendido tanto el cierre de la central nuclear como que se pongan en marcha todas las políticas de reactivación de la zona de Garoña, para que los efectos negativos que del cierre pudieran derivarse en la población, en el empleo, etcétera, tuvieran una compensación también en esa misma zona geográfica. Por lo tanto, insito, creo que hemos sido claros muchas veces no solo en esta Cámara, también en el Parlamento vasco, en el Ayuntamiento de Vitoria, en las juntas generales, etcétera.
Además, hay una cuestión curiosa, en el Parlamento vasco ha habido unanimidad de todos los partidos políticos defendiendo el cierre de Garoña; unanimidad que incluye al Partido Socialista y al Partido Popular. Por eso, hoy ha salido aquí el nombre del señor Oyarzábal -número dos del Partido Popular en Euskadi y desde el pasado fin de semana forma parte del núcleo duro del Partido Popular-, que se manifestaba a favor del cierre de la central, al menos decía que el PNV lo que tenía que hacer era utilizar a Kutxabank como accionista de Iberdrola para fomentar el cierre de Garoña. Creo que esto es un poco ya retorcido y difícil de entender. Si el señor Oyarzábal está en contra de Garoña, que lo diga, y eso será una contradicción que tendrá el propio Partido Popular, pero a quien debe transmitir su voluntad política el señor Oyarzábal es a este Gobierno a través de su ministro de Industria, de lo contrario generaría un problema, yo creo que político, considerable.
No es que el señor Oyarzábal tenga una opinión diferente como pueden tener los diferentes miembros del PP en una cuestión opinable, sino que creemos que tiene una opinión muy diferente en una cuestión políticamente clave. En ese sentido creemos que no se puede tener una opinión diferente, porque esto permitiría jugar a doble banda, lo que no tiene efectivamente mucho sentido. De todas formas, mientras el Gobierno y el señor Oyarzábal se van aclarando, nosotros seguiremos a lo nuestro y votaremos que sí a esta proposición por la que se solicita el cierre de la central nuclear de Garoña.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: La política energética nacional -creo que todos estamos de acuerdo en eso-, la política energética en general, desde una punto de vista global, es un tema muy serio. Pero creo que para oponerse a la energía nuclear o a cualquier otra hay que dar razones serias, y razones serias no es, por ejemplo, tergiversar, como se hace en la exposición de motivos de esta PNL, el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, que no dice absolutamente nada de lo que se dice aquí que dice. Sin duda, hay razones de peso para oponerse a la energía nuclear y ofrecer alternativas, pero es que hay que darlas y decirlas. Lo que no se puede hacer es crear un muñeco y luego alancearlo, hacer una caricatura ridícula de lo que es la central de Garoña y mirarlo desde un punto de vista geográfico absolutamente sesgado para decir que tienen que cerrarla, por ejemplo porque puede afectar a Bilbao. También puede afectar a Burgos. ¿O no nos importa que afecte a Burgos pero sí a Bilbao? Igual es porque en Bilbao cotiza Iberdrola y es importante preservar la bolsa de negocio. A mí, desde luego, me parece bastante absurdo, me parece un insulto a los ciudadanos y una humillación colectiva que se mienta a la gente sobre las verdaderas razones. (Rumores.) Sí, es mentir decir que el Consejo de Seguridad Nuclear dice que Garoña se cae a pedazos. No es verdad, el informe dice lo contrario y además dice otra cosa, establece condiciones para reforzar la seguridad, para mejorarla, para darle la prórroga. Además, el Consejo de Seguridad Nuclear es uno de los pocos organismos independientes que hay en España y existe un consenso general de que los informes que hace son solventes, serios y fiables. Si vamos a hacer informes de partido, por supuesto antinucleares o pronucleares, pues díganlo y ya está. Entonces hacemos informes ideológicos que digan que los neutrones, o no, pueden tener una lectura ideológica.
El problema de las centrales nucleares en España y en cualquier otro país no se soluciona con las energías renovables, vamos a informar a la gente de verdad de los problemas. Las energías renovables necesitan una energía de base, que tiene que suministrar una energía de ciclo convencional, puede ser nuclear o no. Podemos decir, porque es legítimo defenderlo, como Italia, que no queremos nucleares; bien, se puede decir. Pero vamos a decir la verdad a la gente, no vamos a contar cuentos de brujas para asustar. Es decir, si no son nucleares necesitaremos centrales que quemen carbón o centrales de ciclo combinado, pero es que para que haya energías renovables eficientes que estén suministrando luz en los enchufes de la gente, hace falta centrales de ciclo convencional que den una energía de base. Y esto es un hecho, no es una opinión. Ustedes pueden seguir despreciando los hechos o inventándoselos, que es una costumbre nacional que nos ha llevado a esta situación de crisis. Pero bueno, yo creo que no estaría mal tomarse en serio a la ciudadanía y decirle las cosas como son. Por lo tanto, si no queremos nucleares, digamos cuál es la alternativa.
¿Carbón, gas, qué quemamos en su lugar? Porque desde luego las energías renovables -y lo sabe todo el mundo que se ha informado un poco sobre esto- tienen un problema, tienen picos y valles y hay momentos en que no se puede garantizar el suministro solo con renovables. Podemos aumentar la cantidad de renovables al 70 o el 80 por ciento del suministro potencial, pero si no hay una energía de base constante sobre la base de ciclos convencionales, no tenemos energía cuando uno enciende la luz.
Esto es así. Entonces, si decimos: no queremos nucleares, muy bien, pero digan ustedes qué quieren alternativamente. ¿Carbón -insisto-, ciclos renovables, quemar petróleo o qué? Esta es la cuestión, porque lo demás es engañar a la gente y tomarnos a todos -insisto- por tontos.
Desde luego, el informe del Consejo de Seguridad Nuclear no dice lo que ustedes dicen que dice, y a mí eso ya me parece, justamente esta falta de respeto a los hechos, una razón suficiente para oponerme a su propuesta. Si ustedes nos dicen por qué sustituimos Garoña, que, por cierto, no sé de dónde sacan que el 5 por ciento de la producción de energía es algo despreciable y marginal. (El señor Yuste Cabello: No es el 5 por ciento.) Claro sí, depende en qué momento, es precisamente porque depende de la producción de energía. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez, un momento. Ruego a los señores diputados que guarden silencio mientras tiene el uso de la palabra otro diputado. Tienen la opción de intervenir en su turno correspondiente. Por lo tanto, señor Martínez, disculpe; puede continuar.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Acabo enseguida; voy a hacer solo dos precisiones más.
En primer lugar, a mi grupo no le parece mal en absoluto someter a discusión si hay alternativas mejores en energía nuclear, pero tendrá que ser sobre la base de hechos, de informes veraces y de interpretaciones verosímiles y no engañosas de los datos que la realidad nos ofrece. Y en segundo lugar, es falso también que en el Parlamento vasco haya habido unanimidad respecto al cierre de Garoña, porque mi partido tiene allí un diputado y no ha votado a favor de esto, y por mucho que ustedes se empeñen, tenemos un diputado. (El señor Azpiazu Uriarte: ¡Ah, bueno!) No desaparece porque ustedes hacen igual que con las grietas de Garoña, se lo inventan o desinventan.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: En relación con la proposición no de ley que nos ocupa, tal como hemos manifestado en diversas ocasiones, nuestra posición respecto de la energía nuclear ha sido siempre clara en el marco del mix energético por el que apostamos y que defendemos, y sobre todo en el marco de la seguridad que exigimos a las centrales nucleares. Desde Convergència i Unió no compartimos el contenido de la proposición no de ley y haré unas consideraciones al respecto.
En primer lugar, no podemos olvidar que, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 33/2007, de 7 de noviembre, el Consejo de Seguridad Nuclear es el organismo regulador competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, por lo que deben acatarse los informes preceptivos del mismo. En este sentido, el dictamen favorable emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear en relación con la modificación de la Orden ministerial de 3 de julio de 2009, que fija el cese de la explotación de la instalación de Santa María de Garoña el 6 de julio de 2013, resulta resolutorio.
En sus conclusiones, el órgano regulador apunta que bajo el punto de vista de la seguridad nuclear y la protección radiológica, una vez analizada la experiencia operativa de la instalación y sus resultados en el sistema integrado de supervisión de centrales, no existe ningún impedimento para que se lleve a cabo la modificación de la Orden ministerial de 2009, avalando así la posible continuidad de la central. Por ello, si bien es cierto que este dictamen emitido el pasado 17 de febrero del Consejo de Seguridad Nuclear es independiente del que deberá realizar el organismo regulador ante una nueva petición de licencia para la instalación, desde Convergència i Unió apoyamos al Gobierno en su decisión de modificar la Orden ministerial de 3 de julio de 2009 y consideramos conveniente se solicite una nueva petición de licencia para prorrogar la vida útil de la central nuclear.
En segundo lugar, y no por ello menos importante, desde mi grupo parlamentario queremos poner en consideración un tema que para nosotros es fundamental, la seguridad. Desde nuestro grupo parlamentario priorizamos el reforzamiento de la seguridad en las centrales nucleares y es por este motivo que consideramos fundamental que el titular de la central nuclear actúe de acuerdo con lo estipulado por el órgano regulador en relación con esta cuestión. De este modo, es necesario que se lleven a cabo las condiciones relativas a la seguridad nuclear y a la protección radiológica establecidas en el dictamen del consejo, así como también todas las recomendaciones después de los test de resistencia a que se sometieron las centrales nucleares españolas ante la catástrofe de Fukushima.
Por último, señor presidente, señorías, desde el grupo que represento y tal como constatamos en las conclusiones de la subcomisión de Energía, apoyamos y apostamos por los objetivos de menor dependencia, mayor eficiencia, más ahorro y mayor diversificación. Y en este proceso de diversificación de las fuentes de energía apostamos por las energías renovables y por el cumplimiento de los objetivos 20-20-20 en renovables, y también apostamos y consideramos aún hoy necesaria la energía nuclear; eso sí, con una apuesta contundente por su seguridad, de acuerdo con lo que marca y estipula el Consejo de Seguridad Nuclear.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Antonio Erias.
El señor ERIAS REY: Señoras y señores diputados, la proposición no de ley que hoy estamos debatiendo propone instar al Gobierno al cierre inmediato de la central nuclear de Santa María de Garoña por razones de seguridad, al tratarse -a juicio de los proponentes- de una instalación obsoleta que ya ha superado su vida útil. Con los mismos argumentos el Grupo Socialista presenta su enmienda añadiéndole al texto del proponente que la producción de Garoña es prescindible para nuestro mix energético. Esta coincidencia del proponente y del enmendante no es casual y el Partido Popular no la comparte, pues no existen problemas de seguridad en Garoña, tal y como apuntan el proponente y el enmendante, ya que como ha señalado recientemente el Consejo de Seguridad Nuclear en su informe de febrero, donde explicita los test de estrés a los cuales se ha sometido todo el parque nuclear español, dice textualmente lo siguiente:
No existe ni se identifica ningún factor que suponga una debilidad relevante de seguridad de las centrales nucleares españolas. Por lo tanto -aquí termina lo que es textual- resulta chocante, a nuestro juicio, que por superar Garoña la vida técnica útil se proponga el cierre de una instalación segura y que aporta, como ya se ha dicho, el 6,5 por ciento de la energía nuclear producida en España en 2011 o, lo que es lo mismo, el consumo eléctrico del 33 por ciento de lo que se consume en Castilla y León. Por ello, no nos parece adecuado el cierre de la misma, a pesar de que nuestra potencia instalada -como bien dicen algunos- sobrepase con creces la llamada demanda punta. Es más, no compartimos que en estos momentos de crisis -al igual que ha señalado el señor ministro Soria- resulte adecuado prescindir de ninguna tecnología, pues la crisis económica y financiera actual ha acrecentado las dificultades de construir nuevas instalaciones y de continuar desarrollando el apoyo a tecnologías que no han alcanzado la paridad de red.
Es muy fácil continuar demonizando y enfrentando tecnologías, pero no resulta tan fácil hacer que la energía se erija de nuevo como un factor de competitividad. Por ello, con la política energética del Gobierno actual se está tratando de encontrar un mix equilibrado y no desperdiciar ni desaprovechar ninguna de las fuentes energéticas existentes para que una vez más la energía se conforme como un elemento decisivo para la necesaria recuperación económica de España. En definitiva, la cuestión no es cuánto tienen de vida útil las centrales nucleares, sino hasta qué punto está garantizada su seguridad y la protección radiológica en ellas. Tal y como ha señalado el Consejo de Seguridad Nuclear, Garoña certifica que no tiene los problemas enunciados en la proposición no de ley.
Señores diputados, la energía nuclear contribuye en buena medida a garantizar el suministro energético y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La misma alcanzó en España en 2011 un 8 por ciento de la potencia instalada y cubrió el 20 por ciento de la demanda. Por ello, desde el Partido Popular creemos en la misma y así lo demostramos con nuestra acción política, cuando acordamos la construcción del ATC, que ha estado paralizado mucho tiempo y que es uno de los elementos básicos para garantizar esa seguridad de la cual estamos hablando. Y como la energía generada por las centrales nucleares -también se ha dicho aquí- es una energía de base, esta debe ayudar a darle estabilidad al sistema eléctrico porque, si no, es cierto, las renovables podrían tener muchos problemas para suministrar la energía constantemente.
Está claro también que la vida útil de una central nuclear no puede ser determinada por una ley. El Gobierno anterior llegó a decir incluso -llevado por un cierto paroxismo- que se iba a fijar por ley la vida útil. La vida útil quien la tiene que determinar es el Consejo de Seguridad Nuclear, y si el Consejo de Seguridad Nuclear determina que la central es segura, lógicamente no hay por qué ponerle problemas a la vida útil de la central. Es más, en el mundo la vida útil de las centrales nucleares con reactores similares a los de Garoña se ha extendido de los 40 a los 60 años. En España se va a desarrollar de una manera más prudente. Lo que sí es cierto, señor presidente, señores diputados, es que la política energética de los últimos años no ha estado a la altura de los requerimientos de la economía y de la sociedad española, y es el sector energético el que ha padecido básicamente los resultados de la misma por la inseguridad regulatoria generada y por el sobredimensionamiento de la potencia instalada, así como por el desbordamiento que se produjo con las energías renovables. Todas estas razones que acabo de enumerar hacen que rechacemos esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Señor Yuste, le tengo que preguntar si acepta o no la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor YUSTE CABELLO: Sí, acepto la enmienda.
]]>Adjuntamos calendario de movilizaciones y convocantes de las mismas:
Hoy, 16 de febrero, jueves a las 19h30 en Plaza Santa Engracia: Convocada por CATA, CGT, CNT, Intersindical de Aragón y SOA.
19 de febrero, domingo a las 11h30 horas en el Paraninfo de la
Universidad, recorrido hasta el Pignatelli: Convocada por CCOO y UGT.
19 de febrero, domingo a las 11h45 en Plaza de Paraíso, junto a la oficina central de Ibercaja: Convoca OSTA.
Huesca
19 de febrero, domingo a las 11h30 horas en la Plaza de Navarra: Convocada por CCOO y UGT.
]]>Yuste, diputado de CHA por la Izquierda de Aragón: “Las comarcas mineras no tienen por qué ser castigadas por los errores o por los retrasos atribuibles exclusivamente a la Administración”
Adjuntamos la transcripción íntegra del debate celebrado el 14 de febrero de 2012 en el pleno del Congreso de los Diputados
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
— DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL «PLAN NACIONAL DE RESERVA ESTRATÉGICA DE CARBÓN 2006/2012 Y NUEVO MODELO DE DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS COMARCAS MINERAS». (Número de expediente 173/000001.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a debatir ahora las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
En primer lugar, corresponde debatir la del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el cumplimiento del Plan nacional de reserva estratégica de carbón 2006-2012 y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras. Por este grupo, tiene la palabra el señor Yuste.
El señor YUSTE CABELLO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, una de las primeras decisiones del Gobierno Rajoy ha sido atacar el Plan para el desarrollo alternativo de las comarcas mineras. ¿Por qué? Eso me pregunto yo desde el 30 de diciembre. ¿Porque al Gobierno del PP le parece innecesario ese plan? Pues no, o no lo dice. ¿Porque ha ido tan bien estos años que ya no hace falta? Pues tampoco es eso. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia.) Simplemente, eliminan este plan porque hay inversiones que se han ejecutado con retraso. Esa es la única razón que expuso largamente el ministro de Industria, Energía y Turismo durante la interpelación del pasado jueves en este Pleno: porque se había ejecutado con retraso, se habían ejecutado poco las inversiones y otros programas dentro del Plan Miner. Y ese es, a juicio de nuestro grupo, un argumento increíble, absolutamente increíble, porque con ese argumento podríamos eliminar varios ministerios enteros ya que ejecutan en un porcentaje muy alejado del cien por cien; probablemente, si no saben ejecutar el cien por cien de su presupuesto, ni el 90, ni el 80, habría que eliminarlos. Esa razón tan sólida es la que nos planteaba el ministro el pasado jueves. Excusas de mal pagador, se dice en mi tierra.
Lo dije durante la interpelación y lo repito hoy: las comarcas mineras no tienen por qué ser castigadas por los errores o por los retrasos atribuibles exclusivamente a la Administración. Las administraciones públicas son lentas y los perjudicados por esa lentitud y por esos problemas burocráticos de los que hablaba el ministro son precisamente los municipios y los vecinos de las comarcas mineras; no les castiguemos además eliminando el Plan Miner, no les castiguemos doble. (Aplausos.)
Estamos inmersos en un proceso de reconversión energética, impulsados sobre todo por el desafío del cambio climático. La Unión Europea ha puesto fecha de caducidad a las minas del carbón deficitarias y en ese contexto, precisamente en ese contexto, es en el que se pusieron en marcha planes de la minería del carbón y para el desarrollo alternativo de las comarcas mineras.
El primer plan lo puso en marcha el Gobierno Aznar; con movilizaciones sindicales de la minería en las comarcas mineras y en las carreteras de esas comarcas, por supuesto, pero lo puso en marcha el Gobierno Aznar. Luego, el Gobierno Zapatero le dio continuidad con un segundo plan.
Y todo eso termina abruptamente el 30 de diciembre cuando el señor Rajoy da por finalizado el Plan Miner de un plumazo y sin contar con nadie, sin convocar a la Comisión para el seguimiento del Plan Miner. Eso es lo que denunciamos en la interpelación de la semana pasada. Y digo que dio por finalizado este plan lo podemos dar ya por finalizado porque, después de la interpelación del otro día y vista la enmienda que hoy nos ha presentado el Grupo Popular, está más que claro. No solo no se rectifica la eliminación de la finan¬ciación de las infraestructuras, no solo se confirma que no se asumirán la inmensa mayoría de las inversiones pendientes de ejercicios anteriores, sino que también quedan bajo amenaza el resto de los programas del plan, el de atracción de proyectos empresariales generadores de empleo e incluso los programas de formación. Salvo las prejubilaciones, todo lo demás está en riesgo. Eso es lo que dijo el ministro, eso es lo que confirma hoy el Grupo Popular en su enmienda.
Esa posición del PP nos preocupa mucho. Ha causado alarma en las cuencas mineras de Asturias, de León, de Palencia, de Teruel, de Puertollano, de Córdoba, de Mequinenza o de Berga. A nuestro grupo parlamentario le preocupa mucho porque solo se garantiza el pago de las prejubilaciones, pero nada más. El Gobierno estudiará si se pagan algunas de las obras que están en marcha igual sí, igual no, pero del resto no se va a pagar nada. Y como el nivel de ejecución es bajo no solo en las infraestructuras sino también en los programas de formación y en los programas de atracción de proyectos empresariales generadores de empleo a eso dedicó el ministro una batería de datos en el último Pleno, evidentemente esta excusa, si les vale para eliminar los programas de infraestructura, les vale también para eli-minar el resto, todo el Pan Miner, salvo las prejubilaciones.
Señores y señoras del Grupo Popular, diputados astu-rianos, leoneses, turolenses, castellano-manchegos, cordobeses, piensen bien lo que van a votar hoy y piensen bien cómo lo explican luego cuando vayan ante sus electores, a su circunscripción, porque el mensaje de hoy del Grupo Popular por fin empieza a ser claro: prejubilaciones sí, esto es, vía libre al cierre de las minas; pero desarrollo alternativo no, es decir, abandonar a su suerte a las comarcas mineras abocadas al cierre de minas y sin proyectos alternativos generadores de empleo. Esa es la apuesta que está haciendo el Grupo Popular, esa es la apuesta que está haciendo el Gobierno Rajoy. Queremos que el Parlamento se defina y que los grupos parlamen-tarios dejen blanco sobre negro cuál es su posición ante esta cuestión.
La moción que defiendo en nombre del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural propone dejar sin efecto el recorte del Plan Miner aprobado el 30 de diciembre. Propone, asimismo, que se garantice la financiación comprometida y la ejecución de todas las inversiones del Plan Miner 2006-2012.
Proponemos también que se busquen medidas, junto con los agentes implicados, para agilizar la tramitación de esos proyectos, con el fin de que se eviten los retrasos y la falta de ejecución que tanto preocupan al ministro, al menos esa fue la excusa que empleó para justificar la eliminación del Plan Miner. Finalmente, proponemos que se elabore, en el marco de la Comisión de seguimiento del plan de la minería del carbón, un nuevo plan de la minería y para el desarrollo alternativo de las comarcas mineras que abarque el periodo 2013-2018, siendo consciente de que ese es precisamente el horizonte en el que en Bruselas han puesto la fecha de caducidad a las minas deficitarias de carbón. Por todo ello, pido el voto favorable a todos los grupos parlamentarios y a todos los diputados para esta moción.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Yuste.
Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar tiene la palabra por el Grupo Mixto el señor Álvarez Sostres.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó el pasado 30 de diciembre una serie de medidas urgentes con el fin de reducir el gasto y cumplir con los objetivos del programa de austeridad. Entre las catorce medidas de reducción del gasto acordadas se incluyen las relativas —y cito literalmente— a la elimi¬nación de la financiación de infraestructuras en compen¬sación con el cese de la actividad de la minería del carbón. Esta decisión, que deja en suspenso el Plan Miner, supone la drástica eliminación de los conocidos como fondos mineros, resultado del esfuerzo de diálogo y consenso en defensa de las comarcas mineras de
Asturias y del resto de España desarrollado entre los sindicatos y el Gobierno de Aznar y que se concretó en sendos planes de la minería.
Los fondos mineros nacen, por tanto, para impulsar la reestructuración y recupera¬ción económica de los territorios donde se han cerrado explotaciones mineras o donde se ha producido una disminución de la actividad extractiva. El recorte, señorías, contraviene flagrantemente las obligaciones garantizadas por el principio de solidaridad interterritorial amparado por el Tratado de la Unión Europea ello con el mismo rango normativo que el de la estabilidad presupuestaria, contraviene el artículo 138 de la Constitución española y contraviene la Lofca. En Asturias esto afecta a veintiún ayuntamientos, veintiún concejos, y esa eliminación supone un golpe definitivo para los inte¬reses, perspectivas y desarrollo de este territorio de las cuencas mineras y del Principado de Asturias en su conjunto.
En la contestación a una pregunta mía en la primera comparecencia del ministro y a una interpelación del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, el 9 de febrero, el Gobierno nos confirmó que no solo no rectificaba el citado ajuste sino que se ratificaba en que no asumía absolutamente ninguno de los compromisos pendientes del Gobierno socialista anterior. En su intervención para justificar dicho ajuste ha recurrido a un argumento absolutamente propio de los sofistas griegos: nos traslada que las distintas líneas de ayuda que gestiona el Instituto para la minería del carbón han disminuido desde el año 2008. Consecuentemente el ajuste se ha concentrado en las ayudas de menor ejecución presupuestaria, y ello a pesar de reconocer que esa menor ejecución obedece a un factor multicausal: buro¬cracia desvaída y desidiosa del Gobierno socialista, ciclo económico negativo y problemas de financiación exterior.
Todo eso lo reconoce el ministro como causa de la disminución de la ejecución de los distintos proyectos empresariales y de infraestructuras, pero lo convierte todo, a pesar de reconocerlo, en un: hay que ajustar, es lo que hay. Y en ese ajuste entran precisamente esos veintiún convenios por valor de 185 millones de euros, que fueron correctamente tramitados por la Administración regional actual y que quedaron pendientes para su financiación de la firma final del secretario saliente del Ministerio de Industria, a los que se refiere mi enmienda de adición planteada a la moción que aquí estamos presentando y que no fue aceptada en sus términos como consecuencia de que al Grupo Socialista teórica o formalmente no le interesaba dicha enmienda de adición.
Para terminar, permítame aludir a las cuentas con Asturias, que son las siguientes a efectos de sus planes: convenios firmados y con ejecución, total de deuda 158 millones de euros; convenios firmados con el plazo sobrepasado por el propio ministerio en algunos casos, total de deuda 245 millones de euros…
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Álvarez, tiene que terminar.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Termino, señora presidenta.
Convenios sin firmar, 290 millones de euros. Total, más de 700 millones de euros con nuestra comunidad, que hemos adelantado cuanto se ha podido. No sé si la cuantía del ajuste es inferior al grado de la ejecución de los proyectos correspondientes…
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Álvarez, termine.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: … lo que sí sé es que esta es la deuda del Estado con Asturias en esta materia. Lo demás es retórica y sofisma y por eso vamos a apoyar esa moción.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Álvarez.
Por el mismo grupo, por tiempo de dos minutos, tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo desde el escaño para fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego a favor de la moción que estamos debatiendo. La eliminación de la financiación de infraestructuras sin compensación del cese de actividad de la minería del carbón afecta muy negativamente a las comarcas gallegas del Eume y Cerceda, unas comarcas con alta dependencia de la minería y de la actividad de sus centrales térmicas, que sufren con esta medida un nuevo castigo que se viene a sumar a una serie de decisiones claramente perjudiciales para sus intereses. Hay que tener en cuenta que estas centrales destinaron buena parte de su producción a abastecer otros mercados sin apenas reinvertir sus beneficios en Galicia, mientras Galicia soportaba uno de los índices de contaminación por lluvia ácida más altos de la Unión Europea.
No tengo tiempo, señora presidenta, señorías, de explicar pormenorizadamente las cosas relacionadas con estas centrales térmicas, pero quiero recordar que las comarcas mineras antes aludidas, estas comarcas gallegas, tan solo recibieron el 2,57 por ciento de los fondos, pese a que el porcentaje de pérdida de empleo de la minería gallega representó en ese periodo el 8,49 por ciento del total del Estado. Ahora, en plena vigencia del Plan 2006-2012, se suspende el programa de inversiones asociado al mismo, cuando además apenas se ha acometido alguna de las actuaciones comprometidas, una medida por tanto que dificulta la diversificación de la actividad económica de estas comarcas y convierte en papel mojado el objetivo del plan: hacer realidad un nuevo modelo de desarrollo de las comarcas mineras integral y sostenible. Por esas razones vuelvo a decir que el Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señora presidenta, señores diputados, en primer lugar, quiero decir que nos entristece profundamente constatar que aquí lo que nos trae hoy es un fracaso; un fracaso doble: un fracaso del Partido Popular, que decide eliminar unas ayudas enmarcadas dentro de los fondos mineros que se crearon en 1998, en su Gobierno, y un fracaso también de La Izquierda Plural, que le interpela para que no lo haga, pero que, según nosotros, no asume sus propias responsabilidades en lo que en Unión Progreso y Democracia creemos que es un fracaso en la gestión de estos fondos. Es decir, dos temas: la existencia o no de esos fondos y cómo se han gestionado, dos cuestiones que para Unión Progreso y Democracia son igualmente importantes.
Más allá de las dificultades económicas que llevan al Partido Popular a aducir que están tomando esta decisión si se me permite, demostrando una vez más cuáles son sus prioridades, es decir, quiénes merecen (por ejemplo, los bancos) dinero público y quiénes no, lo que por otra parte está bien porque nos van quedando claras las prioridades a todos los españoles—, a Unión Progreso y Democracia le parece importante hablar de cómo se ha gestionado una cantidad ingente de fondos, porque sin hacer ese diagnóstico nos parece inútil avanzar en esta discusión. Antes que nada, quiero adelantar que Unión Progreso y Democracia está a favor de estos fondos. No se puede es evidente exigir a trabajadores de diversas comunidades autónomas, como Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón o Galicia, que cambien de modelo productivo, que cambien de actividad, y no ayudarles con alternativas. Ese es nuestro trabajo. Y, por supuesto, tampoco podemos confiar en que solo mediante una ayuda que, como todos sabemos, acabará en 2018 solucionaremos el problema.
Señores diputados, como acabo de decir, tenemos que ofrecer alternativas y ahí es donde se vuelve a poner en evidencia la ineficiencia de muchos de nuestros cargos políticos a la hora de prestar servicio a nuestros ciudadanos. La valoración de cómo se han gestionado esos fondos no nos parece a Unión Progreso y Democracia un tema caprichoso. Según valoraciones del propio Ministerio de Industria, y a modo de ejemplo, en Asturias, tras seis años de tramitación, solo se han ejecutado obras por un valor de 32,3 millones de euros. Señorías, teníamos a nuestra disposición 431 millones de euros y solo hemos sabido aprovechar 32,3. Si me permiten, al hilo de lo que se ha hablado antes en esta
Cámara, son actuaciones como esta las que desacreditan a la clase política y no propuestas como las que ha traído nuestro partido a la Cámara. Debemos preguntarnos cómo es posible que hayamos fracasado así, porque no solamente es importante mantener esos fondos, sino que es fundamental utilizarlos y hacerlo bien. Lo demás sería fallar a la ciudadanía y debemos entonar en esto un mea culpa.
Pues bien, hablemos de esos fondos y de cómo se han utilizado. La mitad de los proyectos acordados ni arrancaron o están en fase de tramitación. Algunos convenios firmados han caducado sin llegar a iniciarse las obras. Señorías, es evidente que la mayor parte de estas ayudas han sido desaprovechadas por nosotros y en UPyD creemos que esto se debe al modelo implantado para gestionarlas.
Vamos a hablar ahora de ese modelo. Las centrales sindicales al ser parte importante de la consecución de esas ayudas, las administraciones centrales y autonómicas y los ayuntamientos fueron los encargados de tramitar, gestionar y ejecutar esas obras y todos ellos estaban en las mesas regionales del carbón, donde se elegían los proyectos. En Unión Progreso y Democracia debemos denunciar de nuevo durante estos procesos algo que se ha venido repitiendo una y otra vez durante los últimos años en nuestro país: falta de diligencia, burocracia excesiva, obras inútiles, sobrecostes, funcionarios insuficientes para tramitar miles de expedientes. Señorías, el cambio que se ha provocado durante esta época con estos fondos ha sido superficial, no ha sido un cambio profundo. No existe modelo económico alternativo.
El paro sigue subiendo en estas comarcas y los jóvenes emigran. El escaso atractivo que tienen estas comarcas para captar nuevos residentes y el saldo vegetativo negativo hacen que caiga la población en estas zonas. Por poner otro ejemplo, en la zona minera de Asturias existen 30.000 habitantes menos en los últimos veinte años. Se ha ido gente cualificada y la población ha envejecido notablemente. La cuestión, señores del Grupo Socialista o señores del Grupo Popular, no es aceptar implícitamente el fracaso de unas ayudas que ustedes pusieron en marcha o el porqué de su fracaso, sino adoptar alternativas. Tampoco es cuestión de indignarse sin haber sido capaces de gestionar todo ese caudal de dinero público. Por eso, nosotros hemos presentado dos enmiendas que creemos que mejoran la moción y esperamos que sean aceptadas.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Cantó, vaya terminando.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Seño-rías, estamos a tiempo de mantener esas ayudas y ofrecer un futuro digno a estas comarcas, de hablar en profundidad y no quedarnos en la superficie. Estamos a tiempo de corregir tantos desmanes e ineficacias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Cantó, vaya terminando.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Acabo.
Es importante, es esencial que diagnostiquemos el problema y ofrezcamos alternativas. Si se me permite, estamos a tiempo de hacer bien nuestro trabajo, señorías. Para eso se nos paga.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cantó.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Sánchez Díaz.
El señor SÁNCHEZ DÍAZ: Señora presidenta, señorías, señor Yuste, los fondos mineros tienen un problema fundamental: su mala gestión desde 2007. Ese es el problema fundamental que tienen, que se han gestionado mal. Desde 2007 no se llevaron al Instituto del Carbón los fondos necesarios, los que había que llevar cada año para consignarlos en el presupuesto. No se llevaron y se decía aquí, en la Cámara, que de momento no hacían falta porque los proyectos estaban estancados. Voy a decirle más. El Partido Popular tiene una gran credibilidad en el tema de los fondos mineros. (Rumores.) ¿Sabe usted por qué? Porque lo hizo el Partido Popular. ¿Y sabe con quién lo hizo? No lo hizo con el Partido Socialista, lo hizo con los sindicatos mineros. Sobre todo eso que nos dice de grandes manifestaciones, repase un poco la prensa del momento.
No es cierto; ni se hizo ninguna manifestación por los fondos mineros, porque la filosofía era mantener las cuencas mineras precisamente con el apoyo de los sindicatos mineros, ni se hizo ninguna huelga en la empresa pública de Hunosa mientras gobernó el Partido Popular ¿Le parece curioso? Eso es así, exactamente así, ni se ha cerrado ningún pozo minero en ese tiempo. Por lo tanto hay un problema: que a partir de 2007 la gestión fue pésima. Fue pésima en España, pero también fue pésima en Asturias, señor Yuste. En Asturias,¿sabe quién estaba en ese Gobierno? Izquierda Unida. Ocho años estuvieron en ese Gobierno, con la boca callada, aceptando que los fondos mineros no se invertían debidamente. Dígaselo a sus compañeros de escaño, no nos lo diga a nosotros, que durante el tiempo de Gobierno creamos una gran credibilidad por los fondos mineros.
Dice usted que está en contra de los recortes del decreto del 30 de diciembre. Sin duda alguna todos los decretos de reforma que impulsen la economía tienen problemas de aplicación; este también los puede tener. No todo el mundo estará de acuerdo con él, pero con¬vendrá conmigo y con el resto de esta Cámara en que es necesario tomar medidas para el saneamiento económico de nuestro país, porque si no hacemos la recuperación económica, señor Yuste, ¿sabe lo que pasará? Que en todos los polígonos industriales que podamos hacer en Asturias, en Castilla y León o en Aragón no habrá empresas que se instalen allí. La filosofía de los fondos mineros era atraer un nuevo producto, una nueva empresa productiva para recolocar y colocar a los jóvenes de las comarcas mineras. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular. Por tanto es más sensato, más que oponerse a eso, aceptar la enmienda que yo le propongo. Garanticemos, en primer lugar, las prejubilaciones. Usted no les daba importancia. Decía: solo las prejubilaciones. Oiga, la mayor preocupación de las comarcas mineras y de los mineros son las prejubilaciones.
Esa es la mayor preocupación que tienen porque es el sustento de cada día, y es su futuro, después de haber trabajado durante muchísimos años. Complementemos eso, terminemos las obras. Se lo dijo el ministro: Las obras de infraestructura se acabarán. Pero acabar las obras de infraestructuras, con lo que está en marcha, llevará el 2012 y el 2013. ¿Cree usted que estamos en situación de paralizar fondos públicos para que no se utilicen porque no hay capacidad en las administraciones —no la hubo, especialmente con el Gobierno socialista y con Izquierda Unida—; cree usted que nos van a permitir los ciudadanos que tengamos cantidades inertes, que no pueden funcionar porque no tienen firmados los convenios, porque no están tramitados? Lo que le dijo el ministro es de puro sentido común: Vamos a acabar las obras que están en marcha, y vamos a llegar a 2013. Sigamos con las becas. Estudiemos por qué fracasaron 180 convenios, por qué caducaron, por qué se abandonaron; estudiemos por qué. Y además unamos la comisión de seguimiento donde están los sindicatos para ver si los fondos mineros están cumpliendo el objetivo que nos habíamos marcado, y sobre esa reunión y sobre ese seguimiento poder seguir evolucionando y creando ilusión en las comarcas mineras. No se crea con discursos fáciles o populistas. Es muy fácil decir aquí: Que se cumpla todo. Se crea con discursos sinceros, porque el ciudadano sabe quién dice la verdad. El Partido Popular dice la verdad en el tema de la minería y tiene una gran credibilidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchísimas gracias, señor Sánchez Díaz.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Trevín.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, anuncio que el Grupo Socialista va a votar a favor de esta moción y que además hemos presentado una enmienda que ha sido aceptada.
¿Por qué vamos a apoyar esta moción? Porque estamos seguros, señorías, de que el Gobierno necesita orientación en este tema. Como necesita orientación tenemos que orientarlo con la moción. El ministro de Industria, su ministerio, da la sensación de que no tiene un plan para este sector. A pesar de que estamos hablando del plan del carbón el Ministerio de Industria da la sensación de estar absolutamente desorientado en este sentido. Tres veces habló el ministro de la eliminación de la financiación en infraestructuras o en compensación del cese de la actividad de la minería. La primera vez habló en Zaragoza y dijo una cosa, que efectivamente tenía que hacer un ajuste de 1.100 millones de euros en su ministerio pero que lo haría de otras partidas, no de esta. La segunda vez, 31 de enero, habló en esta Cámara en la Comisión de Industria, donde compareció y nos dijo que no iban a llevarse a cabo ninguno de los convenios relativos a infraestructuras. Y la tercera vez, la pasada semana, en este mismo Pleno nos dijo una cosa diferente. Nos indicó que los convenios de infraestructuras, uno, los que estaban acabados los pagarían; dos, los que estaban en marcha se verían de uno en uno, y suponemos que con el carné en la boca; y, tres, los que no se habían empezado que perdieran toda esperanza. Esas son las tres posturas que tuvo el ministro de Industria, en las que vemos, en primer lugar, desorientación.
En segundo lugar, nos da la sensación de que los avances que está haciendo el ministerio en el ámbito de la política energética son un auténtico peligro para las comarcas mineras, especialmente para algunas. Dense cuenta de que estas comarcas mineras han desarrollado energías renovables en los últimos años, por esa especialización que han ido adquiriendo en el ámbito de la energía; han desarrollado diferentes iniciativas. ¿Qué es lo que nos plantea el actual Gobierno para las energías renovables? Cambiarlas de la Champion y meterlas en las ligas menores. Al mismo tiempo está la supresión de los convenios para el desarrollo para las comarcas mineras, no solo de infraestructuras. El ministro nos hablo aquí de que también haría una disminución en los fondos destinados a que las empresas puedan seguir funcionando y explotando carbón; que haría asimismo una disminución más importante que en los convenios de infraestructuras en aquellos incentivos empresariales destinados a desarrollar estas comarcas de una forma mucho más plural, es decir a diversificar su economía. Eso sí, de lo único de lo que no nos habló fue de los fondos correspondientes a enseñanza y a educación; de los fondos que hay para formación —que son importantes— no nos dijo nada en ese momento.
Les decía que en la parte que corresponde a los con-venios de infraestructuras lo que está haciendo el minis-terio es achicar el espacio de los territorios mineros hasta dejarlos en su mínima expresión. Este es el objetivo real que creemos que persigue para los territorios mineros. ¿Por qué? Cuando se da el cerrojazo a la mejora del entorno urbano, rural y de infraestructuras llenando de incertidumbres el soterramiento del ferrocarril en Langreo que se estaba llevando a cabo; la electrificación rural en las aldeas de Fuenteovejuna en Andalucía; cuando no sabemos qué va a pasar con obras hidráulicas que son fundamentales para desarrollar en otros ámbitos la economía de zonas, como en Aragón con la elevación de aguas del Ebro-Andorra-Sierra de Arcos; cuando en los ámbitos en que el ministerio tiene decididas firmado con los sindicatos nuevas inicia tivas empresariales y se carga de un plumazo la posibi-lidad del desarrollo turístico en zonas de León imposibilitando el parador de Villablino, el Gobierno está achicando claramente el futuro de las comarcas mineras, y además lo sabe.
Señorías, este Gobierno ya nos ha avanzado dos cosas. Nos dicen algo en lo que podemos estar de acuerdo: hay que disminuir el déficit. ¿Cómo lo está haciendo? Por el ámbito de los ingresos aumentando la fiscalidad a asalariados, es decir a trabajadores y clases medias; y en el ámbito de los gastos dando el cerrojazo a las inversiones en aquellos territorios con más dificultades y más sensibles de este país, por ejemplo en aquellos en los que todos habíamos llegado al acuerdo —hasta el Partido Popular cuando gobernaba— de que era necesario un suplemento para que iniciaran un proceso de convergencia en el desarrollo económico y social con el resto del país. En eso ha empezado por los asalariados en cuanto a aumentarles sus cargas fiscales y quitando lo primero, los incentivos en las comarcas que más lo necesitaban para esa convergencia.
Acabo ya, presidenta. El último tema por el que que-remos orientar al Gobierno es por una razón fundamental. En este mismo año, en los próximos meses, el Gobierno va a tener que afrontar un proceso muy impor¬tante: va a tener que volver a sentarse con los sindicatos mineros; va a tener que volver a sentarse con las comunidades autónomas y los ayuntamientos mineros, y el problema es con qué credibilidad el Gobierno irá a esa mesa; un Gobierno que al llegar se carga acuerdos, que es verdad que venían del Gobierno anterior del Partido Socialista…
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Trevín, tiene que finalizar.
El señor TREVÍN LOMBÁN: … pero un proceso que había iniciado él mismo. Llega este Gobierno con una falta de credibilidad que nos preocupa y por eso le pedimos que rectifique.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Trevín.
Turno de fijación de posición. En primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, con esta moción el señor Yuste, del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, desea evitar que se paralicen o que se abandonen definitivamente los planes de impulso y revitalización de aquellas zonas y comarcas mineras en las que la explotación del carbón constituye una parte relevante de su actividad económica. Releyendo la interpelación de la pasada semana y analizando los argumentos del interpelante y del interpelado, cabe deducir que existe un acuerdo sobre la necesidad de impulsar infraestructuras y proyectos empresariales en dichas zonas, más allá de financiar las prejubilaciones de aquellos trabajadores que abandonen la actividad minera.
El ritmo de ejecución de los proyectos en el pasado y la crisis económica actual con sus consecuencias en los recortes presupuestarios son a juicio del Gobierno los motivos de la ralentización de las iniciativas. No pretendo ni mucho menos justificar al Gobierno, pero considero que no es fácil impulsar proyectos compensatorios de la tradicional actividad económica de un territorio, como es el caso de la minería del carbón, y más difícil aún es que cuajen y se consoliden dichos proyectos. Los cambios productivos exitosos son lentos y no solo se consiguen con dinero. Es necesaria la experimentación, la formación e incluso la voluntad de cambio; no obstante, desde el Grupo Vasco creemos que es preciso hacer un esfuerzo en ese sentido, puesto que sería una gran irresponsabilidad política consentir que se deserticen las comarcas mineras con las consecuencias económicas y sociales que pudieran derivarse. Es por ello por lo que votaremos a favor de dicha moción, sin embargo no nos podemos engañar: el carbón no tiene futuro y mucho menos el carbón español, con baja calidad calorífica, con gran proporción de minas en el interior, con yacimientos profundos e irregulares.
La presión social y las importantes ayudas al sector es lo que está manteniendo la actividad. Además, la utilización del carbón interior conlleva mayores emisiones de CO2 y la utilización menos eficiente de las centrales térmicas que si se utilizara carbón de importación u otras energías alternativas. Su obligado consumo distorsiona gravemente el funcionamiento del sector eléctrico. Además, el único camino posible para la solución económicamente eficiente y dentro de los límites de la legislación europea es el cierre paulatino de las minas. Asumamos la realidad, enfrentémonos a ella sin marear la perdiz ni demorar en exceso la toma de decisiones. Por ello instamos al Gobierno a que impulse las medidas compen-satorias con el fin de evitar en las zonas afectadas los problemas económicos y sociales que de la inacción y del olvido pudieran derivarse.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.
En el mismo turno, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Presidenta, señorías, debatimos la moción consecuencia de interpelación urgente al Gobierno, relativa al cumplimiento del Plan nacional de reserva estratégica del carbón 2006-2012 y el nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Déjenme, señorías, presidenta, hacer unas breves referencias al contexto del debate. El Plan nacional de reserva estratégica del carbón 2006-2012 y el nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de
las comarcas mineras aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros, de 31 de marzo de 2006, tuvo como objetivo contrarrestar el declive industrial y los efectos económicos negativos derivados de la reestructuración de este sector, así como también reducir el impacto social por la reducción de la actividad de las empresas mineras. Con este fin, y en aplicación de dicho plan, se han venido aprobando desde entonces una serie de ayudas dirigidas, por una parte, a las empresas que reunieran determinados requisitos y, por otra, a los propios trabajadores, facilitando su prejubilación. En esta línea, el Consejo de Ministros celebrado el 17 de julio de 2009 aprobó un real decreto que modificaba otro de 24 de agosto de 2007, por el que se establecía el régimen de ayudas al desarrollo de las infraestructuras en las comarcas mineras del carbón.
Hechas estas consideraciones, presidenta, señorías, desde la perspectiva de Convergència i Unió quisiera hacer otra serie de consideraciones respecto al contenido de la moción y a nuestro posicionamiento. En primer lugar, el carbón producido en España es de baja calidad y altamente contaminante por el elevado conte-nido de azufre que tiene. Ello implica que se debe importar carbón de más calidad, lo cual hace del carbón una energía claramente costosa e ineficiente. En segundo lugar, el carbón provoca importantes daños medioambientales al liberar contaminantes como óxido de azufre y nitrógeno y diferentes partículas de elementos pesados como el mercurio. En este sentido cabe recordar que las emisiones de CO2 crecieron el año pasado en España en torno al 6 por ciento, pese a que la crisis económica ha comportado el descenso de la actividad industrial y un menor consumo general de electricidad. El aumento del CO2, por tanto, se debe mayoritariamente al incremento de electricidad con carbón, cuyo uso se duplicó en 2011, creciendo un 96 por ciento. En tercer lugar, señorías, si bien es cierto que el carbón es una fuente de energía primaria importante, también lo es su falta de eficiencia y su elevado coste. Por ello, una apuesta acertada sería dejar de consumir esta reserva energética para que pueda ser usada en todo caso bajo circunstancias excepcionales y de extrema necesidad. Desde CiU, señorías, somos muy conscientes y muy sensibles acerca de la incidencia social que tiene sobre determinados territorios el Plan nacional de reserva estratégica y el nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras, pero precisamente por ello creemos que la mejor forma de actuar no es financiando infraestructuras como medio de compensación, sino estableciendo programas de ayudas para reactivar y reorientar la actividad productiva de las zonas afectadas.
Señorías, compartimos muchas de las consideraciones realizadas por el ministro con ocasión de la interpelación, y el contexto económico— financiero nos obliga en todo caso a priorizar inversiones y a ser extremada¬mente exigentes con los recursos públicos, con su gestión y con su eficiencia. Al mismo tiempo, señorías, reiteramos que la situación en la que se encuentran zonas del Estado con una industria minera del carbón importante e histórica, que ha condicionado durante muchos años su desarrollo industrial, económico y social, obliga a establecer e impulsar programas específicos de ayudas para reactivación de las zonas afectadas, a impulsar su reindustrialización y hacer que se llegue a un desarrollo menos dependiente y más diversificado, apostando por la formación e impulsando nuevas actividades productivas, generadoras de ocupación en dichas zonas y que hagan menos dependientes del carbón a las mismas y permitan que dichas zonas afectadas encuentren su productividad, su competitividad, y su crecimiento y desarrollo social y económico en otros sectores. Este es, a nuestro entender, señorías, el plan que urge activar y el que deberíamos apoyar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
Señor Yuste a efectos de aceptación o rechazo de enmiendas.
El señor YUSTE CABELLO: Gracias, señor presidente.
No puedo aceptar las enmiendas del Grupo Popular ni del Grupo de UPyD por lo que he explicado en la intervención; he intentado llegar a una transacción a partir de la enmienda de Foro Asturias pero al final no ha sido posible, por lo que tampoco puedo aceptar su enmienda, y la única que puedo aceptar es la del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yuste.
Votaciones:
— DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL «PLAN NACIONAL DE RESERVA ESTRATÉGICA DE CARBÓN 2006/2012 Y NUEVO MODELO DE DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS COMARCAS MINERAS». (Número de expediente 173/000001.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar a continua¬ción las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. La primera moción, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el cumplimiento del Plan nacional de reserva estratégica del carbón 2006/2012 y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras. Se ha aceptado la enmienda del Grupo Socialista. En esas condiciones comienza la votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 127; en contra, 192.
PP, CiU y UPyD en contra
PSOE, PNV, Izquierda Plural, BNG, Foro Asturias a Favor.